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Mediante la resolución 2206 de diciembre de 2016, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, establece los nuevos términos de referencia para la presentación de Estudios de Impacto Ambiental-EIA, requeridos para el trámite de licencia ambiental en proyectos de minería. Estos nuevos términos suponen ante todo un desafío, no sólo para la institucionalidad, sino también para las empresas que desean adelantar este trámite.

Si bien se han analizado los aspectos ambientales, el objetivo de este artículo es ver la exigencia de la autoridad en términos sociales. Veamos…Si hacemos un recorrido por cada una de las poblaciones donde la actividad minera es la principal fuente de ingresos, no sólo para la intitucionalidad, sino también para las familias que conviven día a día con los impactos que dicha actividad genera en el ambiente de manera formal o informal, el paisaje es el mismo.

 

 Estos municipios cuentan con altos índices de inequidad, bajas inversiones en proyectos de infraestructura social y comunitaria, accesos precarios para diferentes zonas y condiciones de salubridad nulas. Ahora, los nuevos términos de referencia contemplan en términos sociales una radiografía de cada una de las comunidades que el proyecto podría impactar. Hasta ahí, todo es normal y no hay nada nuevo en comparación con términos anteriores. La dificultad se centra en la detallada información que se requiere para dichos estudios, lo que deja varios cuestionamientos en el aire; como por ejemplo: si es realmente responsabilidad de las empresas privadas llenar los vacíos de comunicación que deja la institucionalidad, pues es tanto el detalle en la información, que al hacer una comparación con los datos que entidades estatales como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE manejan, son más que evidentes dichos vacíos. Todavía en el país son inexistentes las fuentes de información a escala veredal, datos que incluso en las administraciones municipales son desconocidos.

 

Entonces, la pregunta es: ¿aquella empresa que desee adelantar un trámite de licenciamiento para minería debe afrontar los costos que en un principio son responsabilidad del Estado? La respuesta es sí, y aparte de esto, hoy día, muchas de estas empresas ostentan este papel en las zonas donde actualmente realizan su explotación, al ser ellas quien en primera medida dan soporte a las necesidades de las comunidades, desarrollando actividades de responsabilidad social y siguiendo unos adecuados planes de manejo ambiental. Pero además, dichas empresas pagan a los municipios impuestos y regalías a la nación (Aquí quiero señalar que estas se pierden entre una entidad y otra, pues poco se ven invertidas en las regiones). Entonces, ¿a qué estamos jugando?

 

Si bien son muchas las empresas que le apuestan a realizar una minería responsable y están comprometidas con la sostenibilidad, no sólo de sus proyectos, sino del medio ambiente, el Estado debe ser consiente de los retos que estos nuevos términos suponen. La pregunta que deben hacerse los entes de control es: ¿Queremos un país con minería responsable o un país sumido en la ilegalidad? Pues no sólo hay que pensar en aquellas empresas que tienen el músculo financiero para pagar por un estudio ambiental bien hecho y de calidad.

 

Debemos apuntarle a que el sector informal vea atractivo pasarse a la legalidad.

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